“Las subas que anunció (el ministro de Planificación), Julio de Vido en octubre y que hoy se cobran a través de las facturas de luz no llega a las empresas distribuidoras sino que va a un fondo que maneja el Estado y de ahí lo destinan a las compañías generadoras de electricidad”, afirmó a La Política Online el vocero de Edenor, Alberto Lippi. Es que la medida se tomó para bajar los subsidios que se les da a las usinas y no para ajustar las tarifas de las distribuidoras urbanas. Si bien no supo –o no quiso- precisar qué oficina controla este fondo, un llamado al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) esclareció el destino.
Desde el organismo se desentienden del fondo, pero aseguran que todo lo que se refiere al aumento de tarifas de luz está en manos de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Planificación.
Cuando Julio de Vido, dio su breve discurso en el Palacio de Hacienda a fines de octubre informó que aumentarían las tarifas de electricidad hasta un 40 por ciento a los usuarios que más consumían. Los incrementos comenzarían a cobrarse a quienes alcanzaban a usar más de 1.000 kw/h por bimestre. Y aseguró que la medida sólo afectaría al 8% de los clientes. El argumento era que, de esta manera, el Estado dejaría de pagar subsidios y se ahorraría por $807 millones anuales.
Pero nada de lo que dijo De Vido se cumplió y la plata que se deriva al fondo fiduciario es más de lo esperado.
“En las facturas el incremento alcanzó hasta el 400%”, explicó Susana Andrada, presidenta del Centro de Educación al Consumidor. Una parte se debe a la suba de octubre y otro a la que ya estaba establecida por el Programa de Uso racional de Energía Eléctrica que castigan con cargos adicionales a quienes superan el tope fijado por el Gobierno.
Y añadió un dato más. “Hay que tener en cuenta los efectos secundarios del aumento de energía que ya proclamó el Gobierno –explicó a este medio- Son los incrementos que van a venir en las expensas. Esto recae en el 90% de los propietarios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Calculamos que la suba será de un 15 por ciento. O sea que tendrán un doble aumento”.
Pero, además, este incremento no impactó sólo en ese 8% de la población que resaltó De Vido para minimizar la medida, sino que lo hizo en el 15%, casi el doble de los usuarios. Así lo señalo un informe de Cammesa que publicó el diario crítica de la Argentina.
Sobre el total de clientes hogareños estima que aquellos que consumen entre 1.000 y 1.400 kilovatios/ hora por bimestre representan el 8 por ciento. Entre 1.401 y 2.800 kilovatios, el 6%, y por encima de 2.800 kilovatios, un uno por ciento. La suma de los tres porcentajes desnuda que, en realidad, el alza del servicio eléctrico afectó al 15% de los hogares, casi el doble del 8% que informó el Gobierno.
O sea, si el Gobierno anunció esta suba del 40% que afectaba al 8% de la población para bajar los subsidios a las empresas generadoras de energía eléctrica y ahorrarse, así, el pago de $807 millones, ¿cuánta plata recauda con un incremento que alcanza hasta el 400% y que recae sobre el 15% de los habitantes? Pero hay más. ¿Qué hace la Secretaría de Energía con ese dinero extra? Desde el organismo presidido por Daniel Cameron, no respondieron a este medio.
En el fondo, tierra de nadie
Estos fondos fiduciarios públicos, a los que se destina la plata recaudada para bajar los subsidios, se crearon en un principio para destinar un monto a un fin determinado -en este caso la generación de energía-. La herramienta debería permitir que el dinero afectado no pueda ser direccionado. Pero, un dato no menor, y digno de ser visto por miradas suspicaces, es que esta herramienta no está regida por las mismas normas que las demás erogaciones de la administración pública. Sólo figura una planilla en la que se enumeran los montos totales que se destinan a cada fondo, pero nadie releva cómo se usa ese dinero. O sea, plata a la que tiene acceso Cameron y De Vido sin restricciones.
Se viene el segundo tarifazo
El aumento que anunció De Vido en octubre es sólo para contrarrestar los subsidios que reciben las generadoras de energía eléctrica como los que tienen las grandes usinas en El Chocón, Yaciretá o Casa de Piedra, pero dentro del mercado quedan dos actores que todavía no han tenido incrementos en sus facturas y presionan para que se los concedan. Son los transportistas, que llevan la electricidad hacia las ciudades, y los distribuidores como Edenor, Edesur y Edelap, que reparten la energía a cada uno de los hogares de las ciudades.
“Cuando se retiraron los subsidios en octubre, se les quitó a las empresas que generadoras, las que producen electricidad, pero no a la distribución porque nunca estuvo subsidiada –explicó Carolina Ortiz, jefa de prensa de Edelap, a La Política Online-Con esta medida, le aplicaron un nuevo cuadro tarifario y los habilitaron a cobrar a través del costo de la energía lo que estos subsidios les remuneraba. Por lo tanto el valor del kilovatio se incrementó, pero ese costo que paga el cliente va a la generación. No a los transportistas, ni a los distribuidores”.
De hecho, según Andrada los servicios que prestan necesitan de inversiones ya que "todos los cables que pasan bajo tierra están en mal estado".
Estas dos patas del esquema de producción y distribución de electricidad están presionando para que el Gobierno les permita subir sus precios.
El mismo día que el Gobierno anunció el fin de los subsidios a las compañías generadoras, el presidente de la compañía eléctrica Edenor, Alejandro Mac Fairlane, anticipó en febrero, cuando vuelvan a hablar con los funcionarios kirchneristas, buscarán la forma de que la empresa logre además ser "rentable". El término empresarial para decir que subirán sus precios.
En diálogo con radio América, recalcó: “Tendremos que revisar esto para tener una compañía que además de prestar un buen servicio, sea rentable".
